Al final, el ruido mediático ha ido echando tierra sobre el caso del almacenamiento estratégico de gas Castor, un proyecto que estaba siendo ejecutado por la compañía ACS enfrente de las costas de Castellón.
La falta de previsión y estudio hizo que el territorio alrededor del almacenamiento sufriera múltiples terremotos que alarmaron a la población y obligaron a detener los trabajos temporalmente mientras se estudiaba si había relación directa entre las obras y los terremotos.
El fiasco del Castor
Tras la paralización de los trabajos los terremotos siguieron dándose durante un tiempo y finalmente cesaron. Aunque los estudios geológico no llegaron a ninguna conclusión clara, es más que evidente que la actividad de la obra (consistente en introducir gas a presión en unos estratos geológicos bajo el mar, a modo de depósito a presión natural, algo así como la técnica de fracking, pero para meter gas, no para sacarlo) era la que provocaba esos movimientos símicos, con lo cual, la prudencia obligaba a abandonar el proyecto ante la posibilidad de provocar un gran terremoto o quien sabe que otras desgracias.
En ese momento los ciudadanos nos enteramos por la prensa que el muy espabilado de Florentino Perez, presidente de ACS, había firmado una cláusula en el contrato de explotación con el Gobierno, en el que si por cualquier razón el proyecto se paralizaba, el Gobierno (es decir, todos los contribuyentes, NOSOTROS) debería hacerse cargo de una indemnización para ACS por valor de 1.400 millones de euros, com finalmente el Tribunal Supremo confirmó, tras un intento del Gobierno de escaquearse en este asunto.
Mucho ha llovido ya desde que saltó aquella noticia y se decidió aparcar el proyecto Castor. Ahora la prensa económica ha vuelto a traer a la actualidad este caso debido a la última brillantez que a este Gobierno se le ha ocurrido para sufragar semejante dispendio económico, fruto de su torpeza negociadora, o yo diría más, negligencia en su gestión.
Lo que ha ocultado el Gobierno hasta ahora: cómo se pagará la indemnización
Gracias a la prensa económica nos hemos enterado hace poco que la opción que se maneja es realizar una nueva emisión de deuda a largo plazo, con vencimiento a 20 años, cuya rentabilidad sería desembolsada por Enagás y el resto de distribuidoras, como Endesa, Iberdrola y Gas Natural.
Finalmente, serán los ciudadanos quienes pagarían la factura, ya que estas empresas repercutirán estos costes en las tarifas que mensualmente cobran a los ciudadanos. “En definitiva, el fracaso del proyecto de Florentino Pérez se repartiría solidariamente entre los ciudadanos”, afirma una publicación digital.
Al parecer, la oposición en Enagás a asumir el coste de Castor era grande, pero la entrada de varios consejeros relacionados con el PP, como Antonio Hernández Mancha, Ana Palacio e Isabel Tocino, ha inclinado finalmente la balanza en favor de ACS.
De nuevo vemos aquí la influencia de los ex cargos políticos que con la puerta giratoria han acabado haciendo el trabajo sucio del Gobierno en los consejos de administración de estas empresas. Estos utilizan sus contactos e influencia para seguir socializando pérdidas y favorecerse entre miembros de la casta. «No le hagamos un feo a Florentino, que igual más adelante nos puede hacer un favor», parece que haya sido el razonamiento de Gobierno y secuaces en este caso.
